Colombia no reformó su Constitución en 1991. La reemplazó. Y esa diferencia lo cambió todo. Lo que llegó el 4 de julio de ese año no fue un ajuste ni una actualización de la carta de 1886: fue la derogación completa de un texto que había gobernado al país durante más de cien años. La Colombia que firmó esa nueva carta política era un país en crisis: narcoterrorismo que había cobrado la vida de tres candidatos presidenciales en menos de dos años, guerrillas con presencia en todo el territorio e instituciones bajo una presión sin precedentes. En ese contexto, un movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta logró impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que abrió el ordenamiento jurídico a voces que históricamente no habían participado en la redacción de las reglas del juego: representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, minorías políticas y distintos sectores de la sociedad colombiana. Lo que salió de ahí fue una carta política con un carácter garantista que la de 1886 no tenía. 

Lo que la carta anterior protegía, lo hacía de forma limitada. Mujeres, comunidades indígenas y sectores históricamente excluidos del sistema jurídico quedaban en los márgenes de un ordenamiento que reconocía derechos pero que en la práctica no llegaba a todos por igual. La carta del 91 amplió ese alcance al consagrar un catálogo de derechos fundamentales de aplicación universal y al crear los mecanismos para hacerlos efectivos. El más usado de todos fue la acción de tutela, regulada por el Decreto 2591 de 1991, que le dio a cualquier ciudadano, sin necesidad de abogado ni de recursos económicos, la posibilidad de acudir ante un juez para exigir la protección inmediata de sus derechos. Desde su creación hasta hoy, los colombianos han interpuesto cerca de once millones de tutelas, según datos de la Corte Constitucional. Ese número refleja tanto el uso que los ciudadanos han hecho del mecanismo como las brechas que aún persisten entre los derechos consagrados y su garantía efectiva.