El terremoto del 10 de agosto no fue solo un desastre natural: también fue una radiografía de cómo construye Colombia

El miércoles 26 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 5,1 con epicentro en Los Santos, Santander, a una profundidad de 149 kilómetros. Se sintió en Santander, Boyacá, Antioquia y Bogotá, con más de 2.000 reportes en más de 100 centros poblados. El SGC fue preciso en un punto que la opinión pública necesitaba escuchar: este movimiento no tiene ninguna relación con el terremoto del 10 de agosto. Son dos fuentes sísmicas distintas. El de agosto fue un proceso de subducción en el Chocó. El del 26 provino del Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona de actividad sísmica permanente en la Cordillera Oriental. Dos eventos independientes que, juntos, confirman lo que la geología colombiana lleva siglos diciendo: este país no tiene una zona sísmica. Tiene varias, activas y simultáneas, y cualquier política de construcción que no parta de esa realidad es una política incompleta.

La norma que muchos no cumplen

Colombia tiene normas de sismorresistencia desde 1984, cuando el terremoto de Popayán de 1983, que dejó 250 muertos, obligó al Estado a legislar sobre cómo se construía en el país. De ahí nació el Decreto-Ley 1400, la primera norma colombiana de construcción sismorresistente. Trece años después, la Ley 400 de 1997 estableció un marco legal más robusto, y bajo esa ley nació la NSR-10, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010 y modificado parcialmente en 2023. Es la norma vigente, y su propósito es claro: establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción para proteger la vida de las personas y reducir el riesgo de colapso ante un sismo.

Tener una norma y aplicarla son, sin embargo, cosas distintas. Según el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, al menos el 52% de los edificios construidos en Colombia fueron levantados antes de que existiera la NSR-10, lo que significa que más de la mitad del parque edificado del país nunca fue diseñado bajo los parámetros vigentes. A eso se suma que de cada cinco unidades de vivienda que salen al mercado colombiano, tres son de origen informal: construidas sin licencia y sin ninguna garantía de cumplir los requisitos sismorresistentes. Víctor Naynn Piñeros, docente de Estructuras de Ingeniería Civil de Uniagraria, señaló que el 83% de la población colombiana habita en zonas de amenaza sísmica alta. La combinación de esos dos datos es el verdadero riesgo que el terremoto del 10 de agosto puso en evidencia.

Lo que reveló el colapso

El terremoto del 10 de agosto no afectó a todos los edificios por igual. Los construidos bajo la NSR-10 o sus antecesores soportaron el sismo con daños controlados. Los de construcción informal o anterior a cualquier norma sismorresistente colapsaron. Diego Roberto Martínez Pineda, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de La Sabana, identificó una práctica extendida en Colombia que agrava el problema: no anclar los elementos no estructurales, como muros de mampostería, a las vigas del edificio. El resultado es que, aunque la estructura principal resista el sismo, fachadas y escaleras completas pueden desprenderse durante el movimiento, causando muertes que pudieron haberse evitado.

En Bogotá, según datos de la Revista Semana, solo el 40% de las edificaciones se ajusta a la normativa vigente. El 60% restante es vulnerable. Es un dato que aplica a la capital, donde el control urbanístico es comparativamente más estricto que en ciudades intermedias y zonas rurales donde la informalidad constructiva es aún mayor.

Sismorresistente no es lo mismo que antisísmico

La NSR-10 establece un estándar mínimo: una estructura sismorresistente está diseñada para no colapsar ante un sismo, aunque se deforme o se agriete en el proceso. Una estructura antisísmica va más lejos, usando aisladores sísmicos que reducen la transmisión del movimiento del suelo hacia la estructura, o disipadores de energía que absorben parte de la energía dentro del edificio. La diferencia entre uno y otro puede ser, en un sismo de gran magnitud, la diferencia entre un edificio con grietas y uno que permanece intacto. Varios expertos consultados tras el 10 de agosto coincidieron en que la NSR-10, con más de 15 años desde su última actualización integral, necesita revisarse a la luz de los avances técnicos y de los eventos sísmicos recientes. El desafío, como señaló el profesor Piñeros, es a la vez técnico, político y económico: implementar el reforzamiento estructural en cientos de miles de edificaciones antiguas requiere recursos, voluntad institucional y una cultura de la construcción que Colombia todavía está desarrollando.

Una industria ante un momento decisivo

El sector de la construcción colombiano llega a este debate en un momento ya de por sí exigente: la producción de vivienda formal está en niveles de 2012 y el sector completó tres años consecutivos de contracción al cierre del segundo trimestre de 2026. La reconstrucción post-terremoto representa un impulso significativo de demanda, pero también un escrutinio técnico sin precedentes sobre cómo y con qué estándares se construye en el país. Las empresas que necesiten apoyo para enfrentar ese reto, ya sea en gestión estratégica, innovación, diagnóstico empresarial o mercadeo, pueden encontrar en CEIPA un aliado concreto: a través de un modelo de consultoría formativa que conecta equipos de estudiantes universitarios y docentes expertos con los desafíos reales de las organizaciones, la institución ha acompañado a más de 380 empresas en todo el país, desarrollando soluciones prácticas sin costo para la organización.

Colombia es un país sísmico. Siempre lo ha sido. La pregunta no es si habrá otro sismo de gran magnitud, sino si cuando llegue el país estará mejor preparado que el 10 de agosto. La respuesta a esa pregunta se construye hoy, en cada licencia que se exige, en cada norma que se actualiza y en cada edificio que se refuerza.