Durante el año pasado, el Gobierno colombiano dio un paso significativo hacia la gratuidad en la educación con la firma del decreto 2271 de 2023. Este decreto busca reglamentar la implementación de la Política de Gratuidad en los programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas, con el objetivo de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa, bajo criterios de equidad poblacional y territorial. A pesar de estos avances y de la percepción de la gratuidad como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país, persisten retos y desafíos que requieren atención y soluciones efectivas.
Según el rector del CEIPA, Diego Mazo, un experto en educación, el sistema educativo enfrenta tres problemas fundamentales que no se han contemplado adecuadamente en el desarrollo de la ley de Gratuidad en Colombia. Estos desafíos incluyen limitaciones en la cobertura para atender a la creciente demanda de estudiantes, falta o disparidad de recursos en las instituciones de educación superior (IES) públicas nacionales y la falta de pertinencia educativa frente a las necesidades actuales del mundo y las empresas.
En relación con el primer punto, es importante destacar que la implementación de la política de gratuidad comenzará en el primer semestre de 2024. Sin embargo, se buscará la universalidad de manera gradual y se ajustará a la disponibilidad presupuestal. A pesar de estos avances, la realidad actual muestra que la cobertura de las IES públicas es limitada.
Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, basado en cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación, reveló que el 52% de los aspirantes a ingresar a instituciones de educación superior públicas no logran obtener un cupo.
Según la investigación, en 2021, de 1.117.658 aspirantes que buscaron ingresar a universidades públicas, 623.018 no fueron admitidos. Este fenómeno se atribuye a la falta de preparación académica de los estudiantes, la escasez de cupos y recursos económicos insuficientes en las instituciones, subrayando problemas en la calidad educativa desde la educación básica y media.
Diego Mazo cuestiona si la nueva ley realmente fomentará la equidad o intensificará la desigualdad en el acceso a la educación. “Para nadie es un secreto que en los últimos años, los resultados de los estudiantes de 11 en las Pruebas Saber ha disminuido, y esto, se nota mucho más si hacemos una comparación entre instituciones privadas y públicas o en aquellas que están en la urbe o en la ruralidad, lo que sería un límite para las poblaciones que estudian en estos espacios”, y agrega que esta ley puede llegar a generar una presión mucho más grande sobre las instituciones públicas al no existir una suficiente cobertura.
Frente al segundo punto es importante recordar que el financiamiento de las universidades públicas en Colombia se realiza mediante mecanismos tanto de oferta como de subsidios a la demanda. Los aportes directos de la Nación y las entidades territoriales, junto con la generación de recursos propios por parte de las instituciones, constituyen parte de los mecanismos de oferta. Algunas universidades también obtienen recursos locales de las ciudades o departamentos donde operan, de acuerdo con la legislación vigente.
Sin embargo, la financiación estructural de las universidades públicas en Colombia enfrenta desafíos significativos debido a la fórmula establecida por la Ley 30 de 1992. Aunque se prometió aumentar las transferencias de la Nación por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en la práctica, esta fórmula ha resultado ser un techo presupuestal discrecional por parte del Gobierno. Este desajuste entre la asignación presupuestal y las crecientes necesidades de las universidades públicas ha generado un desfinanciamiento histórico, afectando aspectos como la cualificación docente, infraestructura y otros gastos.
“La garantía de la calidad educativa es esencial para el éxito de la gratuidad en la educación superior. La falta de recursos y la necesidad de mantener estándares académicos elevados crean un dilema que requiere estrategias financieras sólidas y políticas educativas bien diseñadas”, destaca el rector del CEIPA, Diego Mazo.
Además, Mazo destaca que la situación actual de la mayoría de instituciones de educación superior es que no son «pertinentes» con las necesidades actuales que tiene el mundo y las compañías. Esto significa que muchas no suelen actualizar sus métodos de enseñanza, currículos académicos y no desarrollan proyectos o prácticas acordes a las situaciones desafiantes que exige el ecosistema empresarial, social o económico hoy en día.
“Y aunque esto no parezca un dilema directamente relacionado con la gratuidad, tiene mucho que ver. No solo se trata de brindar acceso a la educación, sino también de proporcionar una enseñanza de calidad para las nuevas generaciones, permitiéndoles abordar los desafíos contemporáneos”, agregó.
Alcanzar la gratuidad total en la educación en Colombia es un desafío complejo pero esencial. A medida que se avanza, es crucial abordar de manera integral la limitada cobertura en las IES públicas nacionales y asegurar la calidad educativa. El rector subraya que cada minuto que dejemos de enfrentar los problemas fundamentales de la educación estamos dejando más colombianos relegados de las oportunidades del futuro. “Si queremos un sistema equitativo que brinde oportunidades a las personas, es necesario el compromiso continuo de todas los actores IES públicos y privados, el sector productivo, las organizaciones sociales, de lo contrario solo se genera una mayor brecha y rezago social”.
Artículo tomado de Portafolio
