Operación Lanza del Sur: Escalada entre EE. UU. y Venezuela
Operación Lanza del Sur: Escalada entre EE. UU. y Venezuela
En noviembre de 2025 Estados Unidos lanzó una escalada de presión sobre Venezuela que los medios y gobiernos han asociado con la llamada Operación “Lanza del Sur”: un despliegue naval y militar en el Caribe, medidas contra redes de narcotráfico vinculadas al Estado venezolano y nuevas designaciones en listas antiterroristas. El anuncio ha encendido alarmas diplomáticas y comerciales en la región y plantea preguntas clave: ¿la catalogación de Nicolás Maduro o de estructuras vinculadas a su entorno como “terroristas” faculta a EE. UU. para sacarlo del poder? ¿Qué escenarios son plausibles en las próximas semanas?
¿Qué es la “Operación Lanza del Sur”?
Aunque el Pentágono y la Casa Blanca han presentado la operación como una iniciativa para combatir el narcotráfico y “narco-terrorismo” en la región, el despliegue incluye activos de alta capacidad entre ellos el portaaviones USS Gerald Ford y medidas concertadas de presión política y económica. Las autoridades estadounidenses han anunciado fases encubiertas y abiertas de la operación. La narrativa oficial insiste en objetivos antinarcóticos, pero analistas y gobiernos de la región ven también un componente geopolítico y de presión sobre el gobierno de Caracas.
¿Qué implica catalogar a Maduro o a estructuras vinculadas como “terroristas”?
- Herramientas financieras y diplomáticas ampliadas. La designación facilita sanciones más amplias, congelamiento de bienes, restricciones bancarias y penalizaciones a terceros que hagan transacciones con los designados. Esto complica la capacidad del régimen para operar internacionalmente.
- Posibles órdenes de detención o recompensas. El gobierno estadounidense ya ha ofrecido recompensas por información en casos previos; una designación similar puede aumentar incentivos legales para aprehender a individuos vinculados.
- Justificación jurídica ampliada, pero no automática para la fuerza armada. Importante: la etiqueta de “terrorista” o la inclusión de una organización en la lista de FTO (Foreign Terrorist Organization) no otorga automáticamente a EE. UU. autoridad legal ilimitada para invadir o derrocar un gobierno extranjero. Expertos legales y think tanks señalan que la designación amplía opciones (sanciones, operaciones encubiertas, cooperación policial internacional), pero el uso abierto de la fuerza contra un Estado soberano sigue sujeto a la ley internacional y a decisiones políticas significativas. En la práctica, la etiqueta puede servir de argumento político y legal para una gama mayor de acciones, pero no elimina los límites legales internacionales ni las consecuencias diplomáticas.
¿Le da poder a EE. UU. para "sacarlo" de Venezuela?
No de forma automática ni legalmente directa. La designación y la operación crean ventanas de oportunidad: permiten sanciones más duras, cooperación para operaciones encubiertas y presión sobre actores internos (militares, élites) y externos (aliados, empresas). Sin embargo, un derrocamiento abierto requiere decisiones políticas mayores, riesgos militares y costos internacionales (aislamiento, sanciones recíprocas, impacto en la región). Por tanto, la medida aumenta las herramientas y la presión, pero no constituye una autorización mágica para expulsar a un jefe de Estado.
Escenarios plausibles a corto y medio plazo
A continuación, cinco escenarios ordenados de menor a mayor escalada, con probabilidades relativas según análisis de medios y think tanks:
1) Presión acumulada y aislamiento
Sanciones adicionales, congelamiento de activos, limitación de vuelos y comercio con Venezuela; campañas diplomáticas para aislar al gobierno. Esto puede debilitar su capacidad financiera y presionar a actores internos. Impacto: alto en economía y logística política, pero limitado para cambiar el liderazgo de inmediato.
2) Operaciones encubiertas y apoyo a disidencias
Fase de operaciones clandestinas para desarticular redes de narcotráfico, actividades de inteligencia para aislar a figuras clave y posible apoyo logístico o informativo a actores opositores o a facciones militares disidentes. Estas acciones aumentan riesgo de incidentes y violencia localizada.
3) Acciones militares limitadas
Ataques selectivos contra infraestructuras de tráfico de drogas, instalaciones militares vinculadas a redes criminales o incursiones marítimas en alta mar. Estas operaciones podrían justificar uso limitado de la fuerza bajo argumentos antinarcóticos, pero aumentan el riesgo de confrontación directa entre fuerzas.
4) Escalada amplia / intervención directa
Una intervención militar directa para remover a líderes es políticamente costosa y legalmente controvertida; requeriría una coalición más amplia o una justificación excepcional (por ejemplo, evidencia clara de ataques transnacionales). El costo diplomático y humanitario sería elevado.
5) Negociación y presión para transición controlada
Presión sostenida que termine en negociaciones incentivadas por sanciones y promesas de alivio económico a cambio de una transición política negociada. Este escenario es deseable por la menor violencia, pero exige que actores internos acepten concesiones.
Riesgos principales para la región
- Militarización del Caribe y afectación del tráfico aéreo y marítimo (vuelos suspendidos, alertas de seguridad).
- Polarización geopolítica: gobiernos regionales podrían dividirse entre apoyo a Caracas o a sanciones de EE. UU., afectando comercio y cooperación.
- Crisis humanitaria: sanciones y operaciones militares podrían agravar la situación económica y los flujos migratorios.
Qué seguir de cerca
- Nuevas designaciones por parte del Departamento de Estado o del Tesoro.
- Movimientos y ejercicios del Comando Sur y despliegues navales en el Caribe.
- Informes de operaciones encubiertas o informes de inteligencia publicados por medios de investigación.
- Reacciones de aliados de Venezuela (Rusia, Cuba, Irán) y de países vecinos sobre cualquier escalada.
¿Cómo ha respondido Maduro y su gobierno a esta situación?
En los últimos días, el gobierno venezolano ha reaccionado con tres líneas claras de discurso y acción:
1) Rechazo frontal y denuncia de “amenaza imperial”
Maduro y altos voceros incluyendo la Cancillería y el Ministerio de Defensa han calificado el despliegue estadounidense como una provocación militar y un intento de justificar una intervención bajo el argumento del narcotráfico y el “terrorismo”.
El discurso oficial sostiene que Estados Unidos estaría creando un “falso positivo geopolítico” para desestabilizar al país y desconocer su soberanía.
2) Movilización política y militar interna
El gobierno ha anunciado:
- Incremento de operaciones defensivas y vigilancia en zonas fronterizas y marítimas.
- Activación o refuerzo de ejercicios militares con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
- Llamados a la “unidad cívico-militar” frente a lo que describe como una amenaza externa.
Estas medidas son presentadas como disuasión y defensa territorial, más que como preparación ofensiva.
3) Búsqueda de apoyo diplomático internacional
Caracas ha iniciado contactos y comunicados con aliados como:
- Cuba e Irán, denunciando la escalada militar en el Caribe.
- Rusia y China, enfatizando que se estaría violando el principio de no intervención.
- Organismos regionales, solicitando condenas o pronunciamientos frente al despliegue estadounidense.
La estrategia diplomática apunta a construir un marco internacional de rechazo a cualquier acción armada o sanción ampliada.
4) Negación de vínculos con terrorismo o narcotráfico
El gobierno venezolano ha reiterado que:
- No reconoce ninguna designación que lo vincule con terrorismo.
- Acusa a Estados Unidos de utilizar estas etiquetas con fines políticos.
- Afirma colaborar al menos en el discurso contra el narcotráfico regional.
En comunicados recientes, Maduro ha señalado que las acusaciones buscan “crear un pretexto legal” para intervenir en Venezuela, y asegura que Washington “no tiene legitimidad” para hacerlo.
¿Cambia algo esta respuesta en el tablero geopolítico?
A corto plazo, la reacción del gobierno venezolano no detiene la presión estadounidense, pero sí:
- Refuerza la narrativa interna de resistencia.
- Intenta elevar el costo diplomático de cualquier acción militar.
- Busca apoyo de potencias rivales para equilibrar la balanza.
Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado una ruptura diplomática formal ni una respuesta militar directa contra EE. UU., lo que sugiere que Caracas intenta responder sin escalar el conflicto de manera inmediata.
Conclusión
La Operación “Lanza del Sur” y las recientes designaciones contra redes vinculadas al Estado venezolano aumentan drásticamente la presión sobre Caracas y amplían el repertorio de herramientas disponibles para Washington (sanciones, medidas financieras, operaciones encubiertas). No obstante, la etiqueta de “terrorista” aplicada a Maduro o grupos afines no otorga automáticamente a EE. UU. la licencia legal para derrocar a un gobierno, y cualquier intervención abierta tendría consecuencias diplomáticas, humanitarias y legales de gran alcance. Lo más probable en el corto plazo es una combinación de aislamiento, operaciones puntuales y presión para forzar una salida negociada o la fractura interna del poder en Venezuela.
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