El debate sobre la reforma a la Ley 30 ha tomado protagonismo, generando discusiones acerca de su impacto real en el futuro de la educación superior en el país.
En Colombia, el debate sobre la reforma a la Ley 30 ha tomado protagonismo, generando discusiones acerca de su impacto real en el futuro de la educación superior en el país. Con la intención de mejorar el acceso a la educación y aumentar los recursos para las instituciones, la reforma ha generado opiniones divididas entre expertos y académicos.
Según datos del Sistema de Matrículas Estudiantil, anualmente, cerca de 290.000 jóvenes de bachillerato no logran acceder a la educación superior, revelando una brecha que afecta especialmente a los territorios apartados. La falta de cobertura en educación media y básica se ha convertido en un obstáculo significativo para muchos jóvenes que desean ingresar al sistema académico profesional.
A pesar de que la reforma reconoce la educación como un derecho fundamental y busca la inclusión de grupos étnicos y comunidades vulnerables, expertos como Diego Mazo, rector de CEIPA, advierten que modificar únicamente la Ley 30 podría no ser suficiente. Mazo argumenta que la verdadera transformación debe abordar la Ley 115 del 94, que engloba todo el sistema educativo, asegurando un acceso equitativo desde la educación básica hasta la superior.
Mazo destaca la necesidad de entender cómo se pueden integrar estos sistemas educativos para generar oportunidades de formación en una sociedad basada en el conocimiento. Señala que la carencia de cobertura en educación media de calidad es un factor clave que agrava la brecha de acceso al sistema académico.
Otro punto crítico señalado por los rectores de instituciones universitarias es la falta de flexibilidad y actualización en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. En este sentido, Mazo asegura que un cambio hacia un sistema de accountability, que mida variables más relevantes y esté alineado con las necesidades del mundo profesional.
La financiación propuesta en los artículos 86 y 87 de la reforma también ha generado críticas. Se considera necesario separar la estructura educativa de la financiación y crear alternativas que permitan a los estudiantes elegir la oferta académica que mejor se adapte a sus necesidades.
Tomado de Blu Radio