Colombia en crisis: Estamos viviendo una guerra silenciosa entre la pobreza y el poder
Introducción
Colombia transita por un momento crítico donde la violencia política, el reclutamiento infantil y la inseguridad democrática se entrelazan con una agenda legislativa controvertida. Entre los hechos recientes más alarmantes: el intento de asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue herido de gravedad y permanece en estado crítico en cuidados intensivos tras recibir varios impactos de bala en la cabeza y pierna.
Atentado contra Miguel Uribe
El 7 de junio de 2025, durante un mitin en el parque El Golfito en Fontibón, Bogotá, el senador Uribe Turbay recibió al menos dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, perpetrados por un adolescente de entre 14 y 15 años.
- Fue trasladado primero al Centro Médico Engativá y luego a la Clínica Fundación Santa Fe, donde fue operado de urgencia en neurocirugía y fue descrito como en “estado de máxima gravedad y pronóstico reservado”
- El agresor, un menor, fue detenido y se encuentra bajo custodia, con inicio de imputación judicial.
- El ataque ha generado conmoción nacional, con condenas de distintos partidos, apelaciones a la unidad política y demandas de revisión del discurso polarizado.
Este atentado revive viejos temores por magnicidios que remiten a la violencia de décadas pasadas.
Proyecto de Ley: Edad Penal desde 14 Años
En mayo de 2025, se radicó un proyecto de ley en el Congreso que propone reducir de 18 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal para delitos graves como homicidio, terrorismo y secuestro.
Posturas en la discusión
- A favor: sectores defensores de ley y orden argumentan que el aumento de menores vinculados con grupos criminales vulnera la seguridad pública.
- En contra: especialistas advierten que la reducción penal no ataca las causas estructurales de la criminalidad juvenil (pobreza, exclusión, falta de educación y protección), y que podría stigmatizar aún más a niños vulnerables.
Políticos Asesinados: Una Herencia Terrible
- Años 80–90: líderes como Luis Carlos Galán (1989), Jaime Pardo Leal (1987), Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro (1990) fueron asesinados por grupos narcotraficantes y paramilitares, dejando un saldo de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica asesinados, según la JEP.
Niños Sicarios: Crimen y Pobreza Infantil
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 2019 y 2024 más de 6.000 menores quedaron vinculados a estructuras criminales, muchos reclutados con promesas de ingresos económicos.
Un testimonio recogido en Buenaventura:
“Me daban 300 mil por matar. Mi mamá no tenía para comer, yo era el hombre de la casa.”
Un niño de 13 años en Medellín confesó: “Maté por primera vez a los 11. Me pagaron 500 mil pesos.” Historias como esta se repiten en zonas como Buenaventura, Cúcuta o Tumaco, donde el control territorial lo ejercen grupos armados ilegales.
Muestra cómo estos menores son usados por bandas para ejecutar homicidios selectivos, como en el caso de Uribe: un adolescente contratado para disparar contra un líder político.
Análisis Social: Factores de Fondo
- Desigualdad persistente
El índice de Gini en 2024 alcanzó 0.523 (uno de los más altos de la región), reflejando una brecha de ingresos y oportunidades severa. (Nota: ajustar con fuente precisa, pero tendencia sustentada.)
- Estado ausente en zonas rurales y periurbanas
Al menos 170 municipios permanecen bajo control parcial o total de grupos armados ilegales (Indepaz), sin garantía de derechos básicos ni presencia institucional.
- Infantilización del crimen
El uso de jóvenes en crímenes violentos es una estrategia deliberada de grupos criminales para evadir penas y perpetuar la violencia.
- Impunidad estructural
Más del 90% de homicidios quedan sin castigo vía judicial, según la Fiscalía, lo que propicia la repetición de los delitos y demanda de justicia comunitaria.
Conclusión: ¿Una guerra silenciosa entre la pobreza y el poder?
La crisis política y social que vive Colombia, marcada por atentados a líderes, el uso de menores como sicarios y propuestas legislativas controversiales parece evidenciar un choque de realidades profundamente desiguales. Por un lado, una juventud atrapada en contextos de pobreza, sin acceso real a oportunidades; por otro, una clase dirigente que toma decisiones muchas veces desde la distancia y con escasa conexión con esas realidades.
En este contexto, surge una pregunta incómoda pero necesaria:
¿Estamos presenciando una forma de guerra silenciosa entre la pobreza estructural y quienes ostentan el poder y toman las decisiones en el país?
No se trata de justificar la violencia, sino de entender qué fuerzas sociales la alimentan. Castigar al responsable directo de un atentado es importante, pero si no se actúa sobre las causas estructurales desigualdad, exclusión, falta de oportunidades la historia podría repetirse una y otra vez.
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